Desde que existe el Código Penal, fruto de la ley 11.179 de 1921, fue reestructurado más de 900 veces, lo cual nos da un promedio de casi diez intervenciones al año. Hoy, tras años de inalteraciones, existe un anteproyecto de reforma que está siendo evaluado por las cámaras legislativas. El debate sobre quiénes merecen castigos y cómo implementarlos se reabre y lo condimentan fricciones políticas, oportunismo, demagogia, falacias varias, algunos pasos para adelante y las eternas fisuras del sistema.
En mayo del 2012,
desde el Poder Ejecutivo se decretó la creación de una comisión redactora de un anteproyecto de Ley de Reforma Código Penal de la Nación , el cual fue
entregado a CFK a principios del diciembre pasado. La misma está
integrada por lxs doctorxs León Arslanián (ex
ministro de Justicia), María Elena Barbagelata (FAP), Ricardo Gil
Lavedra (UCR) y Federico Pinedo (PRO), presidida por Eugenio Zaffaroni (juez de
la Corte Suprema
La función del CP es la de determinar qué actos son considerados delitos,
y qué tipo y plazo de castigos les corresponden según su nivel de gravedad. No
es preventivo ni interviene en las condiciones carcelarias; sólo se ocupa del
poder punitivo del Estado y el ámbito de libertad de lxs ciudadanxs. Fue
emparchado y reescrito más de novecientas veces (casi diez por año), incorporando
leyes de emergencia a raíz de la opinión pública, que resultaron en un montón de
normas confusas e inconexas. Un caso emblemático de esta mala costumbre de
guiarse por el pánico generalizado, es el de la última reforma, la ley 25.886,
conocida también como “ley Blumberg”. Breve reseña: Axel Blumberg, de 17 años,
fue asesinado durante un secuestro extorsivo en 2004. El morbo y la prensa convirtieron
a su padre, Juan Carlos, en el ícono de la lucha contra la “inseguridad”, que en
este contexto convocó una serie de marchas multitudinarias tras las cuales
presentó varios petitorios para recrudecer las penas y bajar la edad de imputabilidad. En tiempo récord (menos de una semana
después) se juntaron ambas Cámaras a tratar la propuesta de Blumberg, en una
sesión desprolija por demás, tras la cual muchxs reconocieron haber votado movidxs
por el clima general de tensión. Pero haber sufrido una tragedia no convierte a
nadie en autoridad en materia penal, y a raíz de esa ley, pensada y aprobada en caliente, entre muchos otros
chascos, hoy en día la condena por robo es superior a la de homicidio: vale más
la propiedad privada que la vida.
Diez años después, no parece muy descabellada la idea de repasar el CP y
dotarlo de coherencia. Una vez elevado el anteproyecto, Sergio Massa (líder del
Frente Renovador) arremetió en su contra proponiendo una consulta popular para
frenarlo antes de que llegue al Congreso. La base de su cruzada antirreformista
está en una página web (http://noalnuevocodigopenal.org), en la
cual pretende juntar 5 millones de firmas virtuales que lo respalden. Es
importante saber que un anteproyecto tiene que ser revisado primero por el
Ejecutivo para recién entonces llegar al Congreso. Si bien discutir
públicamente el CP es lo más deseable y democrático, según el art. 39 de la Constitución , sólo
los proyectos de ley pueden ser llevados a consulta popular, y esto Massa, que
es abogado, debería haberlo aprendido. Según él, el nuevo código es un “premio
para los ladrones, extorsionadores, asesinos, violadores, narcotraficantes,
contrabandistas…”, “bajarían las penas de 146
delitos”, “17.000 delincuentes que hoy
están presos podrían salir a la calle” (cifra que no explica cómo calculó), y
“se eliminaría la reincidencia: robar una o cien veces sería lo mismo”. No todo lo que dice es falso, pero son medias verdades teñidas de
demagogia. El anteproyecto terminado contiene varias disposiciones, algunas de
vanguardia, otras bastante controversiales, entre las que se destacan:
1. La libertad condicional queda
descartada. Como contrapartida, aparecen alternativas a la prisión:
detención domiciliaria, de fin de semana, obligación de residencia, prohibición
de residencia y tránsito, prestación de trabajos a la comunidad y la multa
reparatoria. (Estas podrían imponerse cuando la pena fuera menor a 3 años. Con
penas de entre 3 y 10 años, después de cumplida la mitad de la condena; y si es
de más de 10 años, después de cumplidos dos tercios de la condena).
2. Eliminación de la cadena
perpetua: Esta condena, que en la realidad no existe porque lxs
procesadxs conseguían la libertad condicional eventualmente, es reemplazada por
la pena máxima de 30 años, que se adjudica a los crímenes de lesa humanidad,
tal como establece el Estatuto de Roma. Siendo un genocidio el peor de los
delitos imaginables, se ajustaron los plazos de todos los demás delitos en
proporción a éste.
3. Reducción y ampliación
de penas: El alza y baja en las condenas se pensó en función de la pena máxima.
Se reducen así las penas en 129 casos, y asimismo suben otras 178. No es un “premio” para nadie, sino un balance.
4. Desaparece la reincidencia: Uno de los
principios del nuevo CP es el de juzgar el acto y no la persona que lo efectuó.
Hasta el momento, alguien podía caer presx por acumulación de antecedentes de
delitos leves por mucho más tiempo que otrx que cometió un homicidio. De
ponerse en práctica esta reforma, se juzga y condena cada ilícito por separado.
Delinquir una o mil veces, tendrá uno o mil castigos, pero nadie puede estar
tras las rejas por “presunción de peligrosidad” (una forma elegante de hablar
de portación de cara) o sumatoria de antecedentes.
5. Responsabilidad de las empresas:
Esto significa que lxs representantes de las empresas son automáticamente
responsables por delitos cometidos bajo su supervisón, en crímenes de lesa
humanidad o de guerra, lavado de dinero, trabajo esclavo, trata de personas, contrabando
de armas, órganos o medicamentos, envenenamiento de aguas potables y alimentos,
entre otros.
6. Reconocimiento de los códigos de pueblos originarios:
Si quien es juzgadx es integrante de una cultura originaria y ya recibió una
sanción conforme a sus costumbres, el juez podrá imponer la pena por debajo del
mínimo previsto, o incluso prescindir de ésta, excepto frente a delitos contra
la vida, la integridad física o la libertad sexual.
7. Revocación de las leyes anti protesta: El art.
41quinques (ley Antiterrorista) duplicaba las penas para cualquier delito
“cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las
autoridades a realizar un acto u abstenerse de hacerlo”; el nuevo código no
contiene ninguna cláusula similar. En cuanto a la interrupción del tránsito, la
coacción agravada (amenazas a la autoridad), dejan de ser delitos, así como se
deroga el art. 213 bis, de “prepotencia ideológica” que establece como delito
organizar o tomar parte en agrupaciones cuyo objeto sea imponer sus ideas o
combatir las ajenas por la fuerza o el temor.
8. Incorporación de nuevos delitos: Respecto a la
dignidad y seguridad laboral, se hace hincapié sobre los contratos clandestinos
y el trabajo esclavo; respecto al medio ambiente se considera delito la
contaminación de agua, aire y suelo, diseminación de enfermedades, la tala de
bosques o la alteración de cursos de agua, entre otras.
También hubieron disidencias, que dejaron aclaradas, y
prefirieron no abordar ciertos puntos por priorizar el acuerdo general. No hay
modificaciones en cuanto a la edad de imputabilidad (a partir de los 18 años),
tampoco sobre la cuestión del aborto (se mantienen las excepciones del aborto no
punible), y ratifican que la tenencia de drogas para consumo personal no es un
delito.
Frenar
el anteproyecto con una consulta popular, además de inconstitucional es
improducente. Muchxs funcionarixs declararon que “no es el momento para
discutir una reforma”, pero ¿cuánto más vamos a arrastrar un Código lleno de
averías? La propuesta está, y le falta caminar mucho para ser aprobada, entonces
hay que informarse y discutir con argumentos, para no volver a caer en laz
salida fácil del manodurismo.
Abril/14
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